LA
FALSIFICACIÓN
DE
LAS
Esta
semana saltó la noticia que el Colegio de Comisarios de la Unión
Europea estudiará la imposición al Reino de España de una multa de
19 millones de euros por falseamiento de las Cuentas Anuales de la
Comunidad Valenciana, durante los años 1988 a 2011, al no incluir en
las mismas gastos sanitarios no reconocidos, en román paladino:
facturas guardadas en los cajones, considerando tal conducta de
ocultación sistemática como una negligencia grave. Se portó bien
la Comisión por que podría ponernos una multa de hasta el 0,2% del
PIB o sea unos 2.000 millones de €, también es cierto que fué la
primera multa puesta por falsificar unas cuentas . Lo hizo antes
Grecia, pero no había esta regulación. La verdad es que estoy
avergonzado .
El
caso surge cuando el Gobierno español da cuenta a Eurostat, en
enero de 2012 , de que el deficit comprometido del 8,5% del PIB
para dicho ejercicio para las Administraciones Públicas , tendría
que aumentarse hasta el 8,9% por la ocultación de partidas de gasto
sanitario no contabilizado en las cuentas de las Comunidades de
Valencia y Madrid de ejercicios anteriores.
El
Reino de España, es el obligado al pago de la multa, aun cuando no
sea el causante directo de la trampa , pero es el responsable del
pago ante la Unión Europea. Como la Comunidad Valenciana está
practicamente quebrada, no habrá forma de repetir la multa a la
Comunidad y tendrán que ser los Presupuestos Generales del Estado, o
sea todos los españoles , los que, con nuestro dinero , paguemos
estos 19 millones de €. Los políticos irresponsables, en el más
amplio sentido, se irán de rositas, cuando en cualquier empresa sus
directivos estarían ya entre rejas hace tiempo.
Es
elemental decir que la primera obligación de un gestor de fondos
públicos es dar cuenta a la sociedad del manejo de dichos fondos, ya
que, al fin y al cabo, un gestor público es un agente de los
ciudadanos para administrar sus fondos. aportados “impositivamente”,
y por tanto la dación de
cuentas claras, oportunas y verificables, es una ineludible
obligación. Remedando el dicho coñón de que la música militar ni
es música ni militar, las cuentas públicas, no son ni cuentas ni
son públicas y si nos fiamos de los informes del Tribunal de Cuentas
y de los Órganos parlamentarios de Control Externo de las
Autonomías, ninguna institución pública cotizaría en bolsa, al no
superar, su cuentas, los requisitos que la CNMV exige a las empresas
cotizadas. Ni siquiera existe un Registro público de las cuentas de
las instituciones, en el cual , los ciudadanos , puedan acceder,
como en el Registro Mercantil, a todas las cuentas de las
Administraciones Públicas.
No
vale argumentar que la ocultación de gastos de un ejercicio,
guardando las facturas en los cajones, es una práctica muy
frecuente en la administración, por que los políticos quieren que
luzcan unos resultados brillantes de su gestión, y/o ocultar unos
gastos realizados, sin ceñirse a los procedimientos, no
reconocidos, ni pagados. Pan para hoy y hambre para mañana , por que
se traslada el problema al ejercicio siguiente. Se rompe la cadena de
despropósitos cuando se cambia de gestor y no quiere asumir el
problema de otro y descubre el pastel . El Ministerio de Hacienda,
consciente del enorme problema, implementó hace unos dos años un
plan para pagar esas facturas por parte de las Autonomías,
Ayuntamientos y Diputaciones y asombrosamente se pagaron multitud de
facturas guardadas muchos años en los cajones , incluso alguna
expedida en pesetas, por importe de miles de millones de €. Esto
nos explica la escasa credibilidad en la representatividad de las
cuentas públicas, y que no se toman medidas serias al respecto, a
pesar de que el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos
expresan año tras año en sus informes multitud de deficiencias más
o menos graves a las cuentas públicas. Toda lucha seria contra la
corrupción ha de empezar por tomarse en serio la rendición de
cuentas, su representatividad, su oportunidad, su publicidad y
accesibilidad, y la responsabilidad de los gestores públicos.
La
rendición de cuentas por parte de los gestores públicos es una
condición necesaria aunque no suficiente si queremos tener una
administración pública trasparente y responsable. ¿ sería mucho
pedir que las exigencias y responsabilidades que tienen los gestores
de las empresas privadas respecto a sus cuentas, se apliquen también
a las administraciones públicas ? ¿ Por que los plazos de rendición
son más largos, no se exigen los estados consolidados, no pasa
nada por presentar fallos formales y de fondo, no se exigen
auditorias externas a todos los entes públicos y a sus entes
dependientes, directa o indirectamente, no existe un Registro Oficial
de las cuentas públicas, de acceso directo y gratuito a los
ciudadanos, por que la no rendición de cuentas no tiene los mismos
efectos que el no registro de las cuentas anuales de las empresas en
el Registro Mercantil, etc, etc.? Estamos hablando de un enorme
mundo que representa el 50% del PIB del País. Me comentaba un
Consejero del Tribunal de Cuentas que las cuentas públicas son
pornografía pura y que las del mundo local era porno duro, es un
poco exagerado y coñón, pero refleja acertadamente el tremendo
problema político que tenemos para luchar contra la corrupción la
,mala gestión y el derroche de los fondos públicos.
Mi amiga Mónica me manda por email es siguiente comentario, como siempre interesante :
ResponderEliminarMe encanta tu artículo.
Yo creo que cuando hablamos de cuentas públicas cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Puede que las ideas que se me ocurren para solucionarlo no arreglen el problema, pero pueden paliarlo, ya me dirás qué opinas al respecto.
En primer lugar, respecto de los intereses generados por las facturas “mientras están en el cajón”, haría responsable de su pago al político que adoptó esa decisión o bajo cuya responsabilidad de tramitan, ya que tiene el deber de evitar que suceda.
Para que no aleguen que no tienen dinero, en el momento de acceder al cargo les obligaría a contratar una póliza de seguros que cubriera la eventual responsabilidad.
Obviamente, transcurridos 4 años desde que dejen el cargo y siempre que no exista ninguna reclamación por impago de facturas, la administración podría reembolsarle el importe de la prima.
En segundo lugar, respecto de los funcionarios responsables de la fiscalización interna y de la tramitación de las facturas, salvo que demuestren que desconocían la existencia de tales facturas (lo cual es difícil desde que se crearon los registros de facturas) les impondría sanciones disciplinarias que irían desde la suspensión de empleo y sueldo hasta la separación del servicio por no tramitar o abonar las facturas.
Obviamente, si se necesita una orden de pago u otro acto que ellos no pueden dictar, siempre que el procedimiento se encontrara paralizado por esa causa y se hiciera constar en el correspondiente informe (obligaría a emitirlo no solo con la remisión de las cuentas y actos de fiscalización interna, sino que entre los documentos del presupuesto incluiría un listado de la totalidad de las facturas pendientes de pago y la causa del impago) se librarían de tal responsabilidad disciplinaria.
En cuanto a la publicación de las cuentas públicas estoy de acuerdo por razones de transparencia, pero a estos efectos no creo que sirva de mucho.
Tú estás acostumbrado a analizarlas y, por lo tanto, tener esa información te sería muy útil. Pero para el común de los ciudadanos, tal y como se elaboran, resultan un galimatías difícil de descifrar, sobre todo lo que se refiere a la contabilidad presupuestaria.