Mi
anterior artículo “La Falsificación de las Cuentas Públicas”,
provocó multitud de intervenciones y comentarios interesantes ,
sobre las facturas en los cajones, la responsabilidad civil de los
administradores públicos , la auditoria y el registro de las Cuentas
Públicas, temas sobre los que pretendo reflexionar en este nuevo
artículo.
A
pesar de que recientemente se implementó el Registro de Facturas,
como instrumento necesario para terminar con el cachondeo de las
facturas, que, al no entrar de facto por el Registro General, no
existían hasta que se iniciaba el expediente de pago , por lo que
daban lugar a amiguismos en el orden de meterlas en el procedimiento
o postergarlas, por lo menos ahora se conoce la fecha y la demora
injustificada en el pago, da lugar a indemnizaciones, el problema
está en las facturas que no entran por ningún Registro. En las
Corporaciones Locales se ve más nitidamente el problema, pero se da
en las demás instituciones.
Como
consecuencia del altísimo grado de politización de las entidades
locales , en las que prolifera las delegaciones y políticos con
dedicaciones, exclusivas o no, los asesores y toda una prole de
inútiles monigotes y mentecatos, cuyo número y función depende de
compromisos políticos, ajenos totalmente al interés organizativo
de gestionar, de forma coordinada, económica, eficaz y
eficientemente, generalmente sin conocimiento alguno de lo se traen
en las manos, que se sienten todopoderosos, y en realidad lo son por
que las leyes ad hoc les otorgan ese poder omnímodo, esta nube de
pazguatos inútiles, que están por encima, física, organizativa y
políticamente hablando, de los funcionarios, en esa nube, repito,
está la madre de la corrupción y la que con sus actuaciones
antireglamentarias originan gran parte de las llamadas “ facturas
en los cajones”, además de las mordidas, abusos con el personal
funcionario, etc.
El
eufemístico concepto de facturas en los cajones, normalmente no son
facturas que entran por Registro , si no que son procedentes de
gastos realizados por fuera del procedimiento reglamentario, sin
aprobación previa del gasto, ni toma de razón, ni reserva de
crédito por la intervención, ni procedimiento de adjudicación, por
tanto cuando llega la factura, no se puede verificar, por un
funcionario, que corresponde a un gasto en la cantidad , calidad y
precio aprobado, y de que hay partida presupuestaria reservada y por
tanto no se puede e pagar, salvo que esa ausencia de procedimiento se
convalide, siguiendo un procedimiento de excepción, complicado y
políticamente digamos que aparatoso e incluso escandaloso,ya que se
trata de convertir en legal , lo que es ilegal. Por tanto el político
de turno que instó la realización del gasto, sin seguir ningún
procedimiento, es el que recibe la factura del proveedor o
contratista y se encarga de gestionar su pago en el momento oportuno,
que algunas veces no se produce, y mientras tanto las guarda en un
cajón de su despacho a la espera de una ocasión oportuna. Lo de
menos , por tanto es que estas facturas no consten en el Registro de
Facturas, recientemente implementado. La casuística de estas
facturas es infinita y esconden muchas veces gastos inconfesables ,
comilonas, gastos de representación exagerados o impropios ,
derroches inauditos, alcaldadas, adjudicaciones vergonzosas, compras
innecesarias, facturas falsas, etc,etc, por que lo normal es que, por
los funcionarios, se inicien los procedimientos reglamentarios, se
verifique la ejecución del gasto y se pague.
Otro
grupo son las facturas en las que se paraliza el expediente de pago
por falta de liquidez o bien por excederse de las partidas
presupuestarias y se pasan a via muerta para ocultar la superación
de un nivel de déficit permitido. En todo caso son prácticas que
alteran sustancialmente el resultado de las cuentas públicas y que
se realizan sin que afecten lo más mínimo al prestigio del político
“ ordenador de pagos” , que es el obligado a rendir cuentas, y
sobre el que debe de caer todo el duro peso de la Ley, por alterar
unas cuentas públicas. Claro que si se falsifican o manipulan las
facturas, se manipulan o falsifican las Cuentas Públicas.
Que
se asegure la responsabilidad civil de los políticos es una buena
idea , de hecho es muy corriente este tipo de seguros en las
empresas. De
todas formas son más necesarias las responsabilidades penales y
administrativas
Hay
que reestablecer, urgentemente, los controles jurídico y económicos,
especialmente la función interventora y para ello hay que empezar
por volver a los concursos serios para la provisión de las plazas
reservadas a los cuerpos de habilitación nacional en las
administraciones locales, hoy practica y escandalosamente a dedo,
ya que de facto, el político intervenido, nombra a su interventor y
secretario , les paga una animalada , y así pasa lo que pasa .
Todos
los nuevos partidos exigen hacer auditorias de las cuentas públicas
, por que ya no dan por sentado su fiabilidad. Yo como Economista
Auditor de Cuentas ya jubilado también lo defiendo , desde siempre,
y así lo predico en mis artículos. Creo que todos los entes
públicos han de tener auditadas sus cuentas, consolidadas con las
cuentas auditadas de sus entes participados, por Auditores externos,
antes de ser aprobadas y antes de aprobar sus presupuestos para el
próximo ejercicio, con las mismas obligaciones que se les exige a
las cuentas de las empresas y para Autonomías, las corporaciones
provinciales y las de los municipios de más de 10.000-20.000
habitantes se les pueden exigir las que se les exige a las empresas
que cotizan en bolsa. ¡ que menos! . Con la informática no hay
disculpa alguna. Cuando me dicen que eso sería una exageración,les
hago una pregunta ¿ es que es más difícil presentar las cuentas
consolidadas auditadas en enero del grupo Santander, BBVA, Repsol,
etc que las de un ayuntamiento como Lugo, Valladolid o Madrid, o las
cuentas de la propia Administración del Estado? Con la diferencia de
que los informes de auditoria no pueden contener excepciones ni
salvedades, para que las empresas continuen cotizando en bolsa. Esto
es con independencia de la rendición de cuentas, consolidadas ,
auditadas y aprobadas al Tribunal de Cuentas y demás órganos de
control autonómico, para su fiscalización.
Es
vergonzoso que, a estas alturas, tengamos aún como un problemón a
resolver, la veracidad, credibilidad, accesibilidad , publicidad y
oportunidad de las cuentas de las administraciones públicas, que
representan alrededor de la mitad de nuestro PIB. No tiene sentido
que si quiero ver las cuentas de la sociedad titular del taller,
cafetería, comercio etc , de la esquina , puedo acceder a sus
cuentas anuales , pero no dispongamos de las cuentas de nuestro
ayuntamiento. Por eso sostengo la necesidad de tener un Registro de
Cuentas Públicas único para todas las administraciones y entes
dependientes. En este sentido he aportado, profesionalmente mi
granito de arena, por lo menos en lo que se refiere a las cuentas
públicas, que se rinden en Galicia.
Pero
esta preocupación es casi personal , a ningún partido ni político
le interesa, ni siquiera a los emergentes que tienen por bandera la
lucha contra la corrupción, solo inciden en lo aparente , nunca
van al meollo de la cuestión : la forma tan absurda de gobernar, sin
controles internos y externos, y con un único objetivo: la
maximización predadora de los fondos públicos, en beneficio de los
políticos y de los partidos que gobiernan las diferentes
administraciones. O despolitizamos al máximo las instituciones y las
tecnificamos , o nos vamos al carajo.
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