Pocos
conceptos han sido tan usados y “abusados” ultimamente en
España como el “ derecho a decidir” , esgrimido por unos y los
otros para absolutamente todo. Los políticos autodenominados
progresistas y también los llamémosles conservadores, lo usan sin
pudor a su antojo, para apoyar las posiciones más dispares ya que
vale para todo.
Cuando
estudiaba Hacienda Pública con el Profesor Fuentes Quintana, a
principios de los sesenta , una de las primeras cuestiones que nos
explicaba , es que no se les puede preguntar directamente a los
ciudadanos si quieren o no pagar impuestos , por que la respuesta
seria un NO rotundo, por una abrumadora mayoría de los ciudadanos,
de cualquier país del mundo mundial. Los impuestos son eso,
impuestos. En su magnífico libro sobre la Hacienda Pública, el
Profesor y político italiano Luigi Einaudi, se pronunciaba en el
mismo sentido, lo que nos indica que el derecho a decidir , incluso
en paises democraticamente avanzados , no es un derecho absoluto y
universal, por mucho que sea una cuestión que les interese a todos
los ciudadanos, ya sea a nivel individual , familiar , de clase,
territorial , precisamente la superación de estos “ derechos a
decidir “, está en la génesis misma de la creación de los
estados modernos y democráticos, y aún más está en el ADN de la
vieja idea de Europa y concretamente en el largo y difícil proceso
de integración europea, del que los españoles formamos parte.
Otro
concepto de la teoría de la Hacienda Pública es la progresibidad
de los impuestos. La contribución personal, individual, al
sostenimiento de los gastos generales, no solo ha de ser proporcional
a los ingresos de cada ciudadano , sino que es aceptado que a mayor
ingreso, la contribución al erario público, debe ser cada vez
progresivamente mayor, en aras a la justicia social, con los
prudentes límites de no caer en la confiscación, por que se puede
originar el efecto no buscado de disminución de los ingresos
públicos, como ha pasado recientemente en Francia, donde muchos
“ricos” se han marchado a hogares tributarios menos agresivos y
amables, al implantar Hollande impuestos para las grandes fortunas.
Podrá considerarse insolidario este derecho a decidir de los “ricos”
ante una fiscalidad alta , pero en este mundo globalizado es el
mayor motivo de huida de capitales, juntamente con situaciones de
miedo o seguridad, ya que la tecnología facilita la desubicación
casi instantánea de muchos de los activos financieros . Pueden huir,
además de las personas físicas y las jurídicas, los activos
financieros , bienes automóviles y/o semovientes, buques, etc., pero
no los bienes de naturaleza inmobiliaria o territorial. Y hay que
tener en cuenta que los sujetos pasivos y/o obligados al pago son
siempre, exclusivamente personas físicas o jurídicas, nunca
territorios . Es un juego bastante inútil y frágil el de las
balanzas fiscales como argumento de superavit recaudatorio respecto a
las transferencias e inversiones por parte de la Hacienda central
como uno de los elementos más sólidos del derecho a decidir de cara
a una secesión , por que la situación recaudatoria puede cambiar
en muy poco tiempo con unos simples cambios de domicilio social y
fiscal de unas pocas grandes empresas, y esto vale para Cataluña y
también para el País Vasco, y Galicia. Y estos cambios pueden ser
voluntarios , inducidos o simplemente obligados , con lo cual una
balanza positiva se vuelve negativa en uno o dos ejercicios fiscales,
por lo que es un argumento absurdo eso de que en un territorio se
paga más de lo que se recibe, por que es una cosa normal y justa a
nivel de los sujetos pasivos , y por que, territorialmente, es una
cuestión inestable y reversible, por simple voluntad política.
El
derecho a decidir es, como concepto, impreciso, ya que deja en el
aire el quién , el que, el como, etc. ¿ El derecho corresponde a
todos los que estén afectados ? , ¿ o solo a aquellos que ellos
mismos se definen como titulares de ese derecho, excluyendo a los
demás, utilizando toda clase de argumentos pintorescos cuando no
engañosos, en incluso falsos ?. Tomando como referencia al Primer
Ministro Francés , Manuel Valls, nacido en Barcelona, que habla el
español y el catalán con corrección y fluidez, la segregación de
un territorio de un Estado de la UE no puede no tener consecuencias ,
pues atenta, seriamente , no solo a los habitantes de ese territorio
y los de la Nación de la que pretenden segregarse, si no que
afectan gravemente a los europeos y a su proyecto europeo. ¿
Tendrían que pronunciarse todos los afectados europeos ante una
segregación de una región como Cataluña o El País Vasco ?¿
todos los españoles ? o ¿solos los catalanes y los vascos ? . ¿
Por que no puedo yo y mi mujer, segregarnos, si asi lo decidimos
ambos , utilizando nuestro derecho a decidir ?, o cualquier otra
chorrada egoista e insolidaria que se nos ocurra.
Lo
que es meridianamente claro que el todo es más que el sumatorio de
las partes. Y que de ese todo europeo se han venido a España
transferidos, anualmente, fondos por miles de millones de euros , y
eso ha beneficiado a todos , incluso a los que han transferido los
cuantiosos fondos, que no se sienten ni estafados ni robados.
El
derecho a decidir es más un argumento sentimental que político, que
trata de incidir en intereses particulares muy exacerbados y
sensibles por la crisis , propensos a acogerse irracionalmente a una
tabla de salvación, por que se están ahogando , muy lejos , por
tanto de considerar argumentos de interés general , incluso de su
mismo colectivo. Es un argumento populista , de telepredicador , de
salvapatrias , de espadones libertadores , golfos , mentirosos , etc,
que solo pretenden encender los ánimos, controlar la situación
presente y especialmente la futura que, sin conmiseración,
suprimirán todos los derechos democráticos y dominarán con mano
férrea, sin pretensión de abandonar la presa . La historia europea
nos da repetidos y variados ejemplos horripilantes de esta prédica
sentimentaloide, aparente inocua y salvadora.
Al
Gobierno le toca gobernar, y al partido mayoritario de la oposición,
le toca apoyar las medidas que se puedan tomar para atajar una
situación que se agranda y agrava por momentos y que con solo
calificaciones de ilegalidad, se ve que no hacen el menor efecto. La
Constitución Española y las Leyes administrativas y penales ,
disponen de instrumentos suficientes para poner coto a la ilegalidad
manifiesta en que se ha puesto la Autonomía Catalana. En la antigua
Jura de Bandera, en la mili, se decía algo asi como : si no, Dios y
la Patria os lo demandará , a lo que añado : y los españoles
también , pero mucho antes.
DESDE
CATALUÑA, CON AMOR .
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